Las comunidades internacionales de trabajadores y empresas exigen con urgencia un mayor diálogo social para abordar las crisis mundiales durante la reunión del G7 de hoy

Las organizaciones sindicales y empresariales mundiales, bajo los auspicios del Business 7 y el Labour 7, presentaron una declaración conjunta ante los Ministros de Trabajo del G7 durante la reunión celebrada hoy en Japón.

El cambio climático, la inflación, así como la crisis del coste de la vida, el aumento de la pobreza, la informalidad y las desigualdades repercuten en millones de trabajadores y empresas, especialmente en las pymes, que constituyen más del 90 % de la mayoría de las economías del G7. El estado actual de inestabilidad e incertidumbre derivado de la pandemia, la agresión en conra de Ucrania por parte de la Federación de Rusia, y otros conflictos armados, han agravado aún más la crisis. Estos desafíos afectan a la cohesión social, así como a nuestras instituciones laborales y sistemas de protección social, y exigen medidas urgentes por parte de los miembros del G7. 

Los grupos B7 y L7 exigen conjuntamente iniciativas deliberadas y sistemáticas para reducir las desigualdades mediante la promoción del trabajo decente, el respeto de los principios y los derechos fundamentales en el trabajo, la inversión en capital humano y protección social, el fomento del desarrollo sostenible y de una transición justa hacia economías neutras en carbono, la productividad, la creación de empleo decente, el crecimiento económico inclusivo y la garantía de un orden económico basado en la justicia social.

Para invertir en trabajo decente y capital humano sería necesario que las naciones del G7 situaran el acceso a la protección social universal, la seguridad y la salud, la educación y el desarrollo de competencias en un lugar prioritario dentro de sus agendas nacionales de desarrollo. Se trata de las personas y el talento, así como de la promoción de un entorno propicio para el trabajo decente, la iniciativa empresarial y las empresas sostenibles, en particular las mipymes.

Los sistemas de protección social universales y sostenibles son una inversión crucial para la sociedad. El G7 desempeña un papel fundamental al apoyar a los países de ingreso bajo para que establezcan pisos de protección social mediante la financiación y la creación de capacidades, y también a la hora de ayudar a los países en desarrollo con la aplicación de la Recomendación sobre los pisos de protección social de la OIT. 

Los miembros del G7 tienen la responsabilidad de proteger a todas las personas de los riesgos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo y de fomentar una cultura de prevención sólida. El respeto y la protección del derecho de sindicación y de negociación colectiva son mecanismos importantes para lograr unos lugares de trabajo seguros. Los gobiernos deben garantizar que se aplique el derecho fundamental a un entorno de trabajo saludable y seguro, de conformidad con los principios del Convenio 155 y el Convenio 187 de la OIT, que ahora son reconocidos como convenios fundamentales. A tal fin, deben ofrecer un equipo y una capacitación adecuados, realizar inspecciones periódicas y garantizar que los trabajadores tengan el derecho a negarse a realizar un trabajo inseguro. 

Entre los mecanismos de políticas que los gobiernos pueden utilizar para abordar los desafíos de la escasez de competencias figuran: 1) Reforzar los sistemas educativos, para garantizar el acceso a una educación de calidad para todos, pero sin perder de vista los programas de educación y formación técnica y profesional, con el objetivo de ayudar a conseguir una transición fluida desde el mundo de la educación al mundo del trabajo (y viceversa). 2) Establecer consejos de competencias para fomentar el diálogo social con los representantes de los empleadores y los trabajadores. Esta modalidad de diálogo social puede utilizarse para desarrollar herramientas de previsión de competencias, así como recomendaciones e intervenciones oportunas en materia de políticas. 3) Promover una cultura de aprendizaje permanente en los ámbitos social y empresarial, incluido el desarrollo y el refuerzo las competencias sociales/profesionales fundamentales.  

Exhortamos a los miembros del G7 a que fomenten el diálogo social, así como la negociación colectiva y la cooperación tripartita, para garantizar que todos los trabajadores disfruten de una protección adecuada, de conformidad con la Agenda de Trabajo Decente, teniendo en cuenta: i) el respeto de sus derechos fundamentales; ii) un salario mínimo adecuado, establecido por ley o negociado; iii) unos límites máximos del tiempo de trabajo, y iv) la seguridad y la salud en el trabajo. Asimismo, se trata de invertir en la economía real. La negociación colectiva, el diálogo social y la cooperación tripartita también pueden desempeñar un papel para lograr una transición justa y crear una nueva infraestructura. Otros mecanismos de políticas, como el refuerzo de los programas activos sobre el mercado de trabajo, los aprendizajes, el aprendizaje basado en el trabajo, los programas de inclusión y diversidad y el acceso a la financiación y a los incentivos, pueden promover la inclusión y la iniciativa empresarial, y ayudar a los grupos insuficientemente representados, como los jóvenes, las mujeres, los migrantes y las personas con discapacidad, a acceder al mercado laboral y a mejores empleos. El fomento de políticas que respondan rápidamente a las perturbaciones del mercado de trabajo puede ser de gran ayuda. Asimismo, estas ayudarán a mitigar las perturbaciones en materia de empleo causadas por los fallos del mercado o a raíz de las transiciones verde y digital. En el contexto actual, caracterizado por la crisis del coste de la vida, los gobiernos deben adoptar políticas que promuevan el diálogo social, incluida la negociación colectiva y la cooperación tripartita, a fin de garantizar al menos un salario mínimo adecuado, ya sea establecido por ley o negociado, para todos los trabajadores. 

Los líderes del G7 deben examinar las políticas de migración actuales, entre ellas, las políticas en materia de migración laboral. El trato desigual a los trabajadores migrantes contraviene los principios de solidaridad y dignidad, viola las obligaciones relacionadas con los derechos humanos y crea una barrera para la creación trabajo y el acceso a empleos calificados. Para afrontar las perspectivas de una población cada vez más envejecida, el G7 debe invertir ahora en el sector de la salud y en la economía del cuidado, con miras a lograr unos servicios de calidad, formalizar los empleos decentes y crear otros nuevos. Los responsables de la formulación de políticas necesitan un enfoque integral que garantice que los sistemas de protección social sean sólidos y sostenibles, las normativas laborales sean inclusivas y eficaces, y los sistemas de asistencia sanitaria presten servicios de calidad accesibles para todos. Los grupos B7 y L7, que representan la voz colectiva del mundo del trabajo, están listos para ofrecer ideas, asesoramiento y apoyo a la hora de compartir buenas prácticas y recomendaciones sobre políticas. 

Estos grupos exigen medidas concretas que apoyen el diálogo social, con miras a lograr la transición a una economía formal y a promover el trabajo decente y la iniciativa empresarial, a fin de contribuir a la reducción de la pobreza y a una transición justa.