Establecer el rumbo correcto de las empresas y los derechos humanos
La OIE presenta sus opiniones antes del 6.º periodo de sesiones del Grupo de Trabajo intergubernamental de composición abierta sobre empresas transnacionales y otras empresas comerciales en materia de derechos humanos, que se celebra esta semana.
Blog de Matthias Thorns, Secretario General Adjunto de la OIE.
Más de setenta años después de la adopción de la Declaración Universal, los derechos humanos se siguen ignorando demasiado a menudo y se infringen en muchos países de todo el mundo. Los desafíos sistémicos, como la informalidad, una gobernanza y una administración deficientes, sistemas judiciales débiles, así como la corrupción, son impedimentos para mejorar la aplicación y el cumplimiento de los derechos humanos. El fomento y la protección de los derechos humanos sobre el terreno es un imperativo kantiano.
A este respecto, las empresas tienen un importante papel que desempeñar. Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos dejan claro que, si bien los gobiernos tienen el deber de proteger los derechos humanos, todas las empresas tienen la responsabilidad de respetarlos. La Organización Internacional de los Empleadores (OIE) y sus miembros representan a más de 50 millones de empresas y están plenamente comprometidos con la labor de conseguir un mejor uso y aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas. ¡Los derechos humanos también son asunto de las empresas!
Si como comunidad empresarial rechazamos el segundo borrador actualizado del tratado sobre empresas y derechos humanos, que se debatirá esta semana en el Grupo de Trabajo intergubernamental en Ginebra, no es por el deseo de eludir nuestras responsabilidades. Al contrario, nuestra postura se debe a que el borrador del tratado no permitirá avanzar en la materia. No colma las brechas existentes en la promoción efectiva de los derechos humanos y las empresas. No consigue plantear soluciones prácticas y eficaces para ofrecer mecanismos de reparación accesibles para todos. Tampoco aprovecha el gran impulso generado por la aplicación de los Principios Rectores.
Por el contrario, las crecientes discrepancias entre la nueva versión del proyecto de tratado y los Principios Rectores generan una inmensa incertidumbre sobre la función, las responsabilidades y las expectativas que recaen sobre las partes interesadas, y socava los esfuerzos de las empresas para aplicar con éxito los Principios Rectores. El continuo debate sobre el alcance del instrumento y el hecho de que la versión actual del borrador del tratado crea lagunas jurídicas para que los gobiernos exoneren a grupos de empresas (como las empresas estatales y «otras empresas») de las obligaciones del tratado, muestra que este no contribuirá a la consecución de la igualdad de condiciones, más bien lo contrario. Muchas disposiciones, como permitir al demandante elegir la legislación aplicable, crean enormes incertidumbres jurídicas y entran en conflicto con los principios de la legislación internacional, así como con varias legislaciones nacionales. En definitiva, el segundo borrador actualizado del tratado sigue siendo un texto que no se adapta a su fin.
El COVID-19 ha puesto de relieve la necesidad imperiosa de emprender acciones colectivas y de colaborar de manera constructiva. Las empresas están preparadas para colaborar con todos los agentes en la promoción de las empresas y los derechos humanos conforme a los Principios Rectores de las Naciones Unidas, tomando como base los logros. En nuestros esfuerzos por conseguir que la recuperación se sustente en unas bases más sólidas, los derechos humanos deben ser un elemento clave. Por lo tanto, es necesario reforzar la rendición de cuentas y la vigilancia del deber del Estado para poner en marcha y cumplir los derechos humanos, así como para garantizar el acceso eficaz a la justicia sobre el terreno. Esto no solo es esencial para crear igualdad de condiciones, sino, principalmente, para proteger los derechos de todos los titulares de los derechos.
La debida diligencia y la transparencia son conceptos clave del pilar de la «responsabilidad de respetar» de los Principios Rectores de las Naciones Unidas. En los últimos diez años, hemos percibido unos acontecimientos muy dinámicos, en los que la debida diligencia en materia de derechos humanos y la transparencia no solo se han convertido en un elemento principal de las empresas, sino también de los gobiernos y de las instituciones regionales e internacionales. Solo ahora empezamos a ver la repercusión, la efectividad, la fortaleza y la debilidad de enfoques muy diferentes a este respecto. Todo debate sobre un marco internacional no solo debe tener en cuenta estas experiencias, sino garantizar que no disminuye este dinamismo.
Los debates del Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos celebrados durante los últimos años han sido demasiado restrictivos. Las principales preocupaciones que muchos gobiernos, empresas y otras partes interesadas han planteado en estos debates no se han abordado.
Lo que ahora se necesita es liderazgo para cambiar el rumbo por completo. Un reinicio total brinda la posibilidad de involucrar a países que no han participado hasta la fecha. La comunidad internacional debe intensificar sus esfuerzos por que esto suceda. Al hacerlo, tenemos mucho que ganar, y nada que perder.
